2 años sin sanidad universal

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Excluidos
Se cumplen dos años del fin de la sanidad pública universal: tres personas muertas y más de 800.000 personas excluidas

El 1 de septiembre se cumplían dos años de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 que dejó sin tarjeta sanitaria a unas 800.000 personas, la mayoría inmigrantes sin permiso de residencia. Una reforma que ha puesto en peligro su salud y que se ha cobrado la vida de tres de ellas: Alpha Pam, un inmigrante senegalés que falleció de tuberculosis en Baleares; Soledad Torricos, boliviana, por gripe en Valencia; y Jeanneth Beltrán, nicaragüense, que con una enfermedad renal murió tras esperar cuatro horas a ser atendida en las urgencias del Hospital de Toledo.

Los partidos de la oposición, organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional o la Red Acoge, sindicatos y colectivos sociales, piden la derogación de este decreto porque, argumentan, la exclusión sanitaria atenta contra un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos del Hombre al negarles la asistencia sanitaria y poner así en riesgo su vida. Distintos organismos internacionales como la Comisión Europea y la ONU han alertado de los peligros que entraña restringir el acceso a la sanidad publica normalizada.

Su entrada en vigor ha generado una campaña de desobediencia civil entre los propios usuarios y trabajadores de la sanidad pública, agrupados en la Plataforma “Yo Sí Sanidad Universal”, para que ninguna de las personas a las que le han retirado la tarjeta sanitaria se quede sin atención. Denuncian que se está incumpliendo el propio Real Decreto, que garantiza la atención sin ningún coste para los inmigrantes que acuden a urgencias, así como para las mujeres embarazadas y los menores.

Los integrantes de “Yo Sí Sanidad Universal” han constatado cómo en muchos centros de salud y hospitales, sobre todo de Madrid, Valencia, Castilla la Mancha y Cataluña, les deniegan, ilegalmente, la atención en urgencias a los inmigrantes sin residencia, a las embarazadas y a los menores. En algunos casos, les hacen firmar un compromiso de pago si quieren ser atendidos o les envían facturas a posteriori. A Jeanneth Beltrán, semanas después de fallecer en urgencias, el hospital le envió una carta reclamándole el pago de la factura.

Muchos inmigrantes han dejado de acudir a los centros médicos por miedo a que les cobren; otros han desistido tras recibir información errónea en los servicios de admisión, donde cuelgan carteles que alertan de que no se atenderá a nadie sin tarjeta sanitaria y no informan de las excepciones. Sólo cuando están muy graves acuden a los servicios de urgencias de los hospitales.

La Plataforma “Yo Sí Sanidad Universal” exige, hasta que se derogue el Real Decreto, que se cumpla este a rajatabla: que se forme al personal de los servicios de admisión, que se prohíban los compromisos de pago y la facturación sistemática en urgencias, que se retiren las deudas generadas por facturación ilegal y que se retiren los carteles disuasorios.

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