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Más de 700 abogados se manifiestan en Madrid en defensa de la justicia gratuita

Ataviados con sus togas negras, cientos de letrados precedidos por los decanos y las juntas de gobierno de los 83 colegios de abogados de todo el Estado se manifestaron el pasado jueves 24 de julio en Madrid. Querían defender así el servicio público de la justicia gratuita y la dignidad de los letrados del turno de oficio.

Protestan contra el proyecto de Ley de Reforma de la Justicia Gratuita del ministro Alberto Ruiz-Gallardón que, en opinión del Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, sólo causará dolor a los más desfavorecidos y pondrá en riesgo la labor que realizan los 42.500 abogados de oficio.

Los manifestantes han salido de la sede del Consejo General de la Abogacía y han recorrido el Paseo de Recoletos hasta Cibeles, coreando consignas en las que pedían la dimisión del Ministro de Justicia. La protesta ha finalizado con la lectura de un manifiesto en defensa de la justicia gratuita. Un texto que han firmado los decanos y las juntas de gobierno de los 83 colegios y que han enviado al Gobierno y al Congreso de los Diputados .

La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ha advertido de que la reforma incrementa los obstáculos y las trabas para acceder al turno de oficio, lo que disuade al ciudadano de pedirlo y amenaza así su derecho a tener un abogado de oficio que le defienda si no tiene recursos para pagarlo.

El decano del Colegio de Málaga, Francisco Javier Lara, ha subrayado que la propuesta de Gallardón hace peligrar este servicio público al vincular su financiación de las tasas judiciales. Defienden que tiene que garantizarse su cobertura en los Presupuestos Generales del Estado.

Denuncian que sigue sin resolver el problema de los honorarios de los abogados del turno de oficio al no garantizar el abono de los servicios, no prever un incremento que compense el recorte de casi el 30 por ciento que han sufrido en los últimos diez años, no incluir la revisión de baremos de la retribución o los retrasos en los pagos.

Solicitan al Gobierno que tenga en cuenta sus reivindicaciones y están dispuestos a seguir hablando para mejorar el proyecto de ley. Advierten, sin embargo, que hay unas líneas rojas que no son negociables y, que si el ministro Gallardón no les escucha, les tendrá enfrente.

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