Stop a los malos tratos y la tortura

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La Abogacía Española ha reiterado su compromiso con la lucha contra los abusos, la tortura y los malos tratos inhumanos y degradantes hacia las personas en el marco de su Conferencia Anual 2014. Durante los días 10 y 11 de diciembre, ha celebrado el I Congreso de Derechos Humanos centrado en este tema.

Pese a que nuestra democracia tiene ya mas de 35 años, persisten todavía prácticas degradantes de excesos policiales, palizas y malos tratos. Los agresores se valen de su autoridad y eligen la clandestinidad de los centros de internamiento, las prisiones, las comisarias, los traslados de detenidos o los vuelos de deportación de inmigrantes. Espacios donde es difícil detectar e investigar estas agresiones.

Nuestro marco jurídico no ayuda, hemos quedado atrás y no hemos incorporado las recomendaciones de Europa o Naciones Unidas. Nos faltan herramientas para luchar contra esta lacra que está detrás de las más de seis mil denuncias que han recibido en los últimos diez años la Coordinadora de Prevención de la Tortura.

La Fundación de la Abogacía ha reunido en una guía toda la legislación europea e internacional, todas las normas jurídicas que los letrados pueden y deben usar para defender a las victimas de esta lacra y ayudar así a crear un clima social que al igual que ocurre ahora con la corrupción ponga fin a estas prácticas. En ella se recogen los pasos que han de seguir para que el juez no la archive y quede sin investigar.

La celebración del Congreso ha coincido con dos preocupantes noticias: la publicación del informe del Senado de Estados Unidos sobre las torturas de la CIA tras los atentados del 11-S y la aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana más conocida como “ley mordaza” porque arma a las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas sociales y coarta, amenaza y castiga a los ciudadanos.

La ley va a ser utilizada por el Gobierno para legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla en contra de la opinión de todas las ONGs, la oposición, Naciones Unidas, Consejo de Europa, etc…. Porque vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y en los Tratados internacionales que tiene suscritos nuestro país.

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