Violadas y desprotegidas

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Cada día tres mujeres sufren una violación en nuestro país, pero las agresiones sexuales que se denuncian son más, treinta y seis diarias. Aún así son solo la mitad de las que se producen realmente porque este tipo de violencia sigue siendo tabú, genera vergüenza y muchas víctimas prefieren ocultarlo.

Pese a su fuerte contenido machista: el agresor busca humillar, controlar y someter a su víctima por ser mujer, la Ley Integral de Violencia contra la Mujer no ampara este tipo de maltrato ya que solo protege la violencia generada por la pareja o ex pareja y no aquella en la que el agresor es un extraño.

Las violaciones y agresiones sexuales son tratadas como un delito criminal puntual, lo que dificulta la protección de las víctimas. La situación se agrava si son mujeres inmigrantes sin el permiso de residencia en regla. Sin papeles no tienen tarjeta sanitaria, y conseguir que tras la primera atención de urgencias tengan acceso a un seguimiento y a las pruebas es una carrera de obstáculos.

Muchas de ellas renuncian a acudir a la comisaría a presentar una denuncia por miedo. La Ley de Extranjería obliga a la policía a comprobar su situación y si no tienen pápeles, a abrirles un expediente de expulsión. La práctica habitual es que esto no ocurra pero la norma esta ahí y el miedo a que se aplique y sean expulsadas disuade a las víctimas. La violación no se denuncia y el agresor queda impune. Y las más vulnerables son las mujeres del servicio doméstico o que ejercen la prostitución.

La Fundación para la Convivencia “Aspacia” ha investigado 45 casos de mujeres inmigrantes agredidas sexualmente y entre ellos destaca el de Olga, nombre ficticio de una inmigrante rusa, un caso paradigmático porque ella ha vivido todas estas desprotecciones. Aspacia denuncia que los derechos de estas mujeres no están garantizados por la falta de un papel.

En su informe “ Entre el miedo y la desprotección , mujeres migrantes en situación irregular frente a la violencia sexual en España” concluye que es necesario que estas víctimas tengan el mismo amparo que las de violencia de género o las de trata. También demanda un Plan Integral contra la Violencia Sexual que garantice la asistencia, investigación, sanción y reparación en todos los casos.

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